El abogado de Alberto González Amador ha buscado una solución salomónica para no intentar desacreditar a su cliente y sin embargo no actuar en contra de sí mismo. El letrado Carlos Neira fue el encargado de tramitar con la Agencia Tributaria la inspección fiscal del empresario y quien intentó arreglar la situación con la Fiscalía para evitar una denuncia por dos presuntos delitos de fraude fiscal y falsificación documental.
Neira fue quien escribió a un correo genérico de la Fiscalía que como representante de González Amador planteaba un reconocimiento del fraude fiscal y ofrecía un pacto de conformidad. Ese mail fue remitido al fiscal encargado del caso, Julián Salto, quien le respondió. Neira remitió una copia a la Abogacía del Estado.
En su declaración como testigo, González Amador aseguró que él desconocía la existencia de tales correos ni que se iba a reconocer un fraude fiscal. Explicó al instructor que lo que acordó con su abogado fue buscar una solución para que no afectara a su pareja.
El letrado ha declarado hoy como testigo en el mismo instructor, Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de tales correos y ha matizado que se reunió con su cliente el 30 de enero de 2024 y le ofreció dos alterativas: defender la causa o la conformidad, según ha explicado en su declaración.
Fuentes presentes en ésta, explican que Neira ha relatado que el empresario le dice que su prioridad es causar el menor daño a su pareja, Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que hiciera lo que conllevara menos ruido y más rápido. El abogado, según ha explicado, le aconseja entonces una conformidad. González Amador le dice que entiende qué significa y da el visto bueno. Dos días después manda el mail a la Fiscalía.
Neira no entregó el contenido del correo a su cliente porque no lo vio necesario. Según Neira, hizo todas las actuaciones pertinentes para que la tramitación fuera lo más rápida posible. Esta declaración era importante para la defensa del fiscal general porque su tesis es que González Amador tenía los correos en cuestión y él se los envió al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien a su vez se los pasó a El Mundo para intentar desmontar que la Fiscalía había interpuesto una denuncia contra él. La tesis que se quería mantener desde la Comunidad de Madrid es que el fiscal había ofrecido un pacto a González Amador -aunque se ha demostrado que fue al revés- para evitar una denuncia y que fue por orden del fiscal general del Estado que ese pacto se interrumpió para atacar políticamente a Díaz Ayuso.
Neira reconoció que cuando salió en la prensa el 12 de marzo de 2024 que la Fiscalía había denunciado por fraude fiscal a González Amador se reunió con él y le explicó los correos que había mandado al fiscal para lograr una conformidad, quedándose con una copia, según fuentes presentes en el interrogatorio.
La línea de defensa de García Ortiz es que González Amador consintió la publicación de tales correos, o por lo menos en parte, y por tanto no puede existir una revelación de secretos cuando no hay secretos que guardar, además de negar que él haya tenido nada que ver con tales filtraciones.
