La ofensiva del Ayuntamiento de Barcelona contra los pisos turísticos ilegales se remonta a 2016. Dos años después, el Consistorio acordó con las principales plataformas de alquileres de pisos turísticos, entre ellas Airbnb, agilizar la retirada de los anuncios de los alojamientos turísticos ilegales en cuanto eran detectados por la red de inspectores municipales. Sin embargo, esta fórmula se ha roto. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, denunció ayer públicamente que Airbnb no ha retirado de su web los 800 anuncios de pisos ilegales identificados durante el primer trimestre de este año.
“Hasta ahora esta dinámica de colaboración nos permitía perseguir la actividad ilegal; su incumplimiento convierte a la plataforma en cómplice de esta actividad ilegal”, advirtió ayer Bonet. La teniente de alcalde calificó el cambio de criterio de la plataforma de “irresponsable, porque estamos hablando de alojamientos ilegales, sin licencia”, insistió. Hasta ahora, la colaboración con Airbnb se había traducido en más de 10.000 órdenes de cese de actividad y las consiguientes sanciones.
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El Ayuntamiento estudia ahora acciones istrativas contra la decisión de Airbnb, que ayer no se pronunció sobre el tema. Según explicó Bonet, la plataforma ha hecho llegar al Ayuntamiento una propuesta de convenio en el que, a diferencia del que estaba vigente hasta ahora, impide el de los inspectores municipales a los datos de la empresa y establece que la plataforma solo retirará los anuncios de pisos ilegales cuando haya una sentencia firme que así lo acredite.
Con este cambio de criterio, los anuncios ilegales –como los 800 detectados durante los primeros tres meses del año y que no han sido retirados, según el consistorio– podrán permanecer mucho más tiempo en la web de la plataforma y seguirán siendo ilegalmente explotados.
El portal de pisos turísticos cambia de estrategia y eliminará los anuncios cuando haya una sentencia
El Ayuntamiento vincula la negativa de Airbnb de retirar los anuncios fraudulentos a la decisión de no renovar las 10.000 licencias alojamientos turísticos legales que actualmente hay en Barcelona en diciembre de 2028. Una medida contra la que ya se posicionó públicamente Airbnb y que ayer volvió a defender la teniente de alcalde, “porque afecta a un derecho básico como es el a la vivienda”.
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“La decisión de Airbnb es un paso atrás en la persecución de los pisos turísticos ilegales”, insistió Bonet, y añadió que “seremos inflexibles con el incumplimiento de la normativa”. Aún así, reconoció que el Ayuntamiento no puede afrontar solo la situación y pidió la complicidad del resto de istraciones.
Precisamente hace unos días, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 remitió a Airbnb tres resoluciones en las que notificó a la multinacional el hallazgo de un total de 65.935 anuncios de alquileres turísticos en Catalunya, Andalucía, Madrid, Valencia, Baleares y Euskadi, que considera ilegales por no cumplir con la normativa e instó a la plataforma a eliminar las publicaciones.
A pesar que se trata de una materia que corresponde a comunidades autónomas y ayuntamientos, el Ministerio consideró que sí podía actuar sobre los anuncios de las viviendas en el portal digital. Tras las resoluciones, Airbnb no eliminó los anuncios señalados y recurrió ante la justicia la decisión de Consumo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado a favor del Ministerio en un primer auto en el que avala la petición para bloquear dichos anuncios ilegales. Esta primera resolución afecta a un total de 5.800 anuncios de alquiler turístico, informó ayer el ministerio.
La decisión municipal de no renovar las 10.000 licencias de pisos turísticos en 2028 tensiona las relaciones
Además de las resoluciones dirigidas a Airbnb, Consumo abrió en febrero varios expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador y que el pasado mes de marzo inició otro expediente a una gran inmobiliaria por presuntas prácticas abusivas contra inquilinos.
