El PSOE ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que contiene, parcialmente, el plan anunciado por Pedro Sánchez el pasado mes de enero para intentar rebajar el precio de los alquileres. Entre las medidas que contempla la propuesta de los socialistas se encuentra un nuevo impuesto a extranjeros que compren vivienda en España y el establecimiento de un IVA del 21% a los pisos turísticos. Esta última medida ya se contempló en la negociación del paquete fiscal de finales de año, pero no superó el trámite parlamentario.
La subida del IVA a las viviendas turísticas busca limitar la proliferación descontrolada de este tipo de alojamientos que restringen los alquileres tradicionales. Las viviendas para alojar turistas serían, por tanto, consideradas un negocio y pasarían a tributar como una actividad económica. De lograr su aprobación en el Parlamento, la medida fiscal se adelantaría a la normativa europea que se prevé aprobar para el 2028. El mecanismo propuesto por el PSOE contempla que sean las plataformas digitales especializadas de alquiler turístico las responsables de este impuesto, con el objetivo de que los propietarios de las viviendas no puedan deducírselo.
La proposición de ley registrada por los socialistas también plantea crear un nuevo impuesto estatal para gravar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros que no residan en España. Se trata de una medida que, cuando fue anunciada por Sánchez, provocó polémica fuera de las fronteras españolas. Varios medios de comunicación internacionales, como Financial Times, se hicieron eco de la propuesta.
Lee tambiénMás de un tercio de los menores de 30 años necesita ayuda de los padres para acceder a una vivienda
El valor del nuevo tributo estaría definido por el Ministerio de Hacienda y no estaría cedido a las comunidades autónomas para evitar una doble carga impositiva. La propuesta registrada contempla gravar la compra de inmuebles, excepto los derechos reales de garantía, dentro de España (excluyendo las adquisiciones en País Vasco y Navarra) y afectaría a personas físicas y empresas no residentes en la UE. El impuesto no afectaría a empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad, excepto si esta está exenta de IVA.
En el paquete fiscal que se debatirá en el Congreso también se encuentran medidas que afectarán a las socimis inmobiliarias, no a las que se dedican a otro tipo de negocio, como oficinas, centros de datos o centros comerciales. Dichas socimis pasarían de tributar al 15% al 25%, salvo que gestionen viviendas destinadas al alquiler a precio asequible. La propuesta legal entiende precios asequibles si las rentas de arrendamiento están por debajo del índice de precios estatal del Ministerio de Vivienda o no superen los 26.400 euros anuales.
Los socialistas proponen desincentivar la vivienda vacía con una subida de la tributación
Otra medida que propone el PSOE en la iniciativa legal pasa por desincentivar la vivienda vacía para intentar lograr que salga al mercado. Para ello plantea una subida de la tributación de las mismas. En concreto, propone actualizar al alza la imputación inmobiliaria en el IRPF a partir de este año. Actualmente dicha tributación oscila entre el 1,1% y el 2%, pero los socialistas plantean aprobar nuevos tramos para establecer una mayor progresividad.
En materia de IRPF, los socialistas plantean extender las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF a zonas que no hayan sido declaradas tensionadas. Con ello buscan salvar el veto de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a la ley de Vivienda. Así, los propietarios de vivienda que alquilen la misma en cualquier zona del país por debajo del precio que fija el índice de referencia del ministerio podrían acceder a una bonificación en su renta de hasta el 100%.
Lee tambiénBarcelona redobla las inspecciones contra las tramas de alojamientos turísticos ilegales
También en materia de IRPF, la proposición de ley propone modificar la ley del IRPF para ampliar al 2025 las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética. Estas rebajas fiscales podrían llegar hasta el 60%.
Una medida adicional, también presente en la propuesta legal de los socialistas, es la de modificar la ley de contratos del sector público para impulsar la construcción y promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública. Estos contratos para impulsar la colaboración público-privada tendrían un plazo máximo de 80 años.
El nuevo impuesto a compradores extranjeros de vivienda estaría fijado por el Estado y no se transferiría a las autonomías
Y, por último, el PSOE propone actualización de las tablas del impuesto sobre el Incremento de Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el conocido como impuesto de plusvalía. El Tribunal Constitucional estableció que no era posible anularlo, por lo que los socialistas plantean elevar los valores máximos que se pueden aplicar para calcular el valor de un terreno desde que se compra hasta que se vende.
